Los asuntos urgentes suelen acaparar la prioridad pública.
La atención de los uruguayos se llena día a día con el aumento del delito y la inseguridad que ataca cada vez con más fiereza o con las acechanzas sobre el empleo que llena de dudas y temores a la familia uruguaya.
Pero cada día, cada hora, cada minuto, se perpetra contra todos los uruguayos en tanto sociedad, en tanto comunidad, un silencioso y nefasto crimen de naturaleza moral.
Se trata del problema educativo en el Uruguay. Invisible para muchos, demoledor para todos.
¿O acaso no es un crimen que el 50% de los escolares de tercer año tengan un nivel muy bajo y bajo en comprensión lectora? O tener de las peores tasas de egreso de Secundaria de América Latina. ¿No es un crimen no estar preparando a nuestros muchachos a los desafíos del mundo 4.0?
¿No es un crimen para un padre no tener la certeza de si su hijo aprende en la escuela pública?
Cada minuto, cada hora y cada día que no se afronta un cambio radical en materia educativa estamos colocando al país en estado de riesgo irreversible.
El cambio en la educación pública uruguaya se necesita como imperativo moral.
La educación es el instrumento que garantiza justicia social. Es el ascensor social. Es el que brinda -o no- las capacidades para desenvolverse con éxito en el mundo social.
Cuando digo ¨éxito¨ no me refiero a un sentido ¨mercantil¨, me refiero a un sentido humanista, al éxito que supone tener una sociedad de relaciones sociales solidas, basada en el respeto, con valores, donde cada uno sea capaz de ponerse en el lugar del otro y comprenderlo, donde haya calidad en la convivencia.
El peor engaño que alguien puede cometer es negar los hechos. Y los hechos marcan que el que tiene posibilidades económicas, opta por enviar sus hijos a la educación privada, porque ella asegura algunas cosas más allá de la calidad, primero asegura que haya clases todos los días.
El trabajador uruguayo, que no puede mandar sus hijos a la privada tiene supeditada la educación de ellos a que el gremio decida darles clase y no hacer paro, a que alguien ponga la ventana que falta, a que los baños no se inunden, a que alguien -generalmente los padres o los propios docentes- solucionen los miles de problemas que surgen en el día a día de los centros educativos y que la Administración no resuelve.
El Frente Amplio ha gobernado bajo la consigna de «progresismo» -y que asumo pretendía lograr el «progreso» de la sociedad uruguaya- lo que ha hecho es agrandar la brecha entre ricos y pobres, y generado una grieta en el acceso a las oportunidades educativas. Ha generado una política regresiva, donde se salva el que tiene, y el que no tiene la tiene más difícil.
Contra ese modelo que lejos de incluir excluye nos rebelamos.
Hoy la educación pública uruguaya presenta problemas de diseño y de conducción que afectan la posibilidad de brindar todas las herramientas de aprendizaje y de formación ciudadana que son necesarias para cumplir su rol.
Por ello es prioridad, por su importancia y por su urgencia, cambiar la educación pública. Comenzando por recuperar el mando político de la educación para los poderes republicanos, hoy en manos de las corporaciones.
Hay que darle prioridad a la atención a la primera infancia porque allí se empieza a jugar el partido. Hay que fortalecer a los centros educativos para que con autonomía puedan formular -en un marco nacional-, un proyecto pedagógico rico y adaptado a su contexto, como lo propone el plan PROMEJORA que tan buenos resultados dio cuando se lo implementó. Hay que darle mayor protagonismo a los Directores de los centros y hay que jerarquizar a los docentes a través del reconocimiento de su título con rango universitario. El éxito en la mejora educativa requiere un docente comprometido, con formación calificada y profesionalizado, cuya labor sea socialmente reconocida y bien recompensada.
Hay que recuperar la capacidad de nuestros centros educativos para una enseñanza significativa y de calidad.
Y hay que asegurar que haya clases: no es posible que los padres no sepan si mandar a sus hijos a la escuela porque hay un paro. Los días de clase son un derecho fundamental del alumno -y de la sociedad que se asegura la formación de sus hijos- y como tal serán protegidos.
En los próximos días estaremos reiterando nuestra propuesta educativa in extenso, pero los señalados son algunos cambios que debemos emprender sin dilación alguna.
Actualmente Eduy21 propone, en formato Petición, se celebre un acuerdo entre los Partidos que se postulan en la elección próxima: ¨entendemos que una transformación profunda del sistema educativo es una prioridad nacional en torno a la cual se deben alcanzar acuerdos para definir una verdadera política de Estado de largo aliento.
Este convencimiento nos hace convocar a los partidos políticos que disputarán las elecciones nacionales en 2019 para que concreten un acuerdo sustentado en una agenda clara, concreta y evidenciable para transformar el sistema educativo en nuestro país¨.
Cuentan con nosotros, como siempre ha contado el Uruguay para formular políticas de Estado. De hecho, el último acuerdo educativo que celebró el país fue el que impulsamos y que se firmó por todos los partidos en febrero de 2012.
En caso que los candidatos del Frente Amplio se sumen a esta iniciativa que impulsa Eduy21 para celebrar un acuerdo, habrá que tener prevenciones especiales, porque ha sido el Frente Amplio el que incumplió –siendo Gobierno- el acuerdo de 2012, vaciándolo de contenido, obligándonos a denunciar tal incumplimiento y ha sido el Frente Amplio en el Gobierno el que ha colocado a la educación pública en el estado en el que está, solo siendo sostenida por el esfuerzo de los buenos docentes uruguayos que día a día con su vocación y formación enfrentan todo tipo de desafío.
En caso de que se sumen a esta Petición de Eduy21, habrá que preguntarle a los candidatos oficialistas si esta vez sí van a cumplir, si esta vez sí van a cambiar el ADN de la educación.
Debemos recuperar el espíritu de los fundadores de nuestra educación, pensando desde nuestro tiempo histórico y sus desafíos, una nueva educación; y recuperar la centralidad de la institución educativa puesta al servicio de los aprendizajes de los estudiantes y su formación como sujetos éticos y ciudadanos activos de una Democracia.
Jorge Larrañaga
